Acaip-UGT y CSIF han convocado una concentración este martes, a las 10,30 horas, a las puertas de "todos los centros penitenciarios" de la comunidad tras la "brutal agresión física y sexual" a una psicóloga en la prisión de Sevilla II.

Frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, "también se llevará a cabo un acto en apoyo a la trabajadora agredida y se hará traslado al delegado del Gobierno", Pedro Fernández, "por parte de las organizaciones sindicales convocantes, de las correspondientes reivindicaciones ante la situación que se viene sufriendo por el colectivo de trabajadores penitenciarios".

Estas protestas en "todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias" y el acto ante la Delegación, se impulsan tras los "graves hechos ocurridos" el 8 de julio en Sevilla II (Morón), cuando una psicóloga del centro "fue agredida física y sexualmente durante una entrevista individual por un interno, con numerosos antecedentes por violencia y delitos sexuales, que permanecía, inexplicablemente, en un módulo de 'respeto'".

Las organizaciones han señalado que no se trata de un incidente aislado, pues en los últimos años "se han multiplicado" las agresiones sexuales y físicas a trabajadores penitenciarios, por lo que "urge tomar medidas". En los centros penitenciarios españoles "se producen una media de una agresión cada 16 horas, más de mil en los últimos dos años".

Ante esta "escalada" de conflictividad denunciada por los sindicatos convocantes, exigen una respuesta "eficaz e inmediata" por parte de la administración, la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas adecuados de emergencia y aviso ante incidentes y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de los empleados públicos penitenciarios.

"Estos hechos reflejan un deterioro estructural del sistema penitenciario derivado de una clasificación interior 'buenista', que busca más el maquillaje estadístico que atender a una realidad penitenciaria en un contexto de aumento de población reclusa. Tolerarlo es normalizar la violencia institucional y vulnerar el derecho a un trabajo seguro", han zanjado.