Sector de Igualdad y Administración Local

Durante siglos, el relato de las relaciones entre mujeres fue prácticamente inexistente. El mandato patriarcal negaba el deseo de las mujeres, acotando su sexualidad al placer del varón y a la procreación. En el imaginario de una cultura en la que la mujer era considerada un ser incompleto que vivía por y para el varón, la idea de la atracción entre mujeres resultaba irrisoria. Por eso, durante siglos, apenas existió preocupación ni prevención ante esta posibilidad. Las mujeres que amaban o mantenían relaciones afectivas con otras mujeres quedaron prácticamente invisibilizadas por la historia oficial. A diferencia de los hombres homosexuales, perseguidos con mayor frecuencia por leyes religiosas o penales, las lesbianas quedaron muchas veces fuera del relato público porque la sexualidad femenina, sencillamente, no era considerada activa, relevante ni autónoma.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio, UGT Servicios Públicos presenta la campaña «Lesbianas visibles, activas y con derechos», centrada en la realidad económica y laboral de las mujeres lesbianas.

Con motivo del Orgullo LGTBI, el podcast de UGT Servicios Públicos aborda la situación laboral y económica de las mujeres lesbianas y los obstáculos que todavía dificultan su visibilidad en los centros de trabajo
Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el próximo 28 de junio, UGT Servicios Públicos presenta la campaña «Lesbianas visibles, activas y con derechos», una iniciativa que quiere situar en el centro del debate social, sindical e institucional la realidad económica y laboral de las mujeres lesbianas.

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, 28 de junio de 2026, desde UGT Servicios Públicos presentamos la campaña “Lesbianas visibles, activas y con derechos”

Este mes de junio, desde UGT Servicios Públicos queremos situar en el centro del debate social, sindical e institucional la situación económica y laboral de las mujeres lesbianas.

La situación económica de muchas mujeres lesbianas sigue marcada por una mezcla de desigualdades que se acumulan: la brecha de género, la discriminación laboral y la presión de unos roles de cuidado que todavía recaen, en gran parte, sobre las mujeres. Todo esto se traduce en vidas más precarias, más inestables y con menos margen de maniobra.

No es casualidad que muchas mujeres lesbianas hayan tenido que vivir en alojamientos temporales, de emergencia o directamente en lugares que no son adecuados como vivienda. La precariedad económica está muy presente: casi un 20% de las lesbianas tiene ingresos inferiores a 1.000 euros al mes. Si miramos los datos con más detalle, el 17,6% de las mujeres lesbianas está en este tramo de ingresos, frente a menos del 9% de los hombres gays.

La pobreza también golpea más fuerte a las mujeres. En hogares sin hijos, el 15,7% de las mujeres es pobre, frente al 11,3% de los hombres. Y cuando hay hijos, la brecha se dispara: un 33,1% de las mujeres es pobre, frente al 24,6% de los hombres.

En el caso de las madres lesbianas, la situación tiene matices propios. Aunque también sufren una penalización económica cuando llega un hijo, esta es menor que la que experimentan las madres heterosexuales. En las parejas de mujeres, la madre gestante pierde alrededor del 13% de sus ingresos, y su compañera un 5%. Aunque, con el tiempo, ambas se recuperan más rápido y de forma más equilibrada.

Aun así, la maternidad en parejas de mujeres implica costes añadidos: reproducción asistida, trámites médicos, incertidumbres legales. Y, además, muchas acaban buscando trabajos con horarios flexibles —por horas, por temporadas, con contratos cortos— para poder compaginar cuidados y empleo. Pero esa flexibilidad tiene un precio: menos estabilidad, menos posibilidades de ascenso y más precariedad.

También están las redes de apoyo, ya que muchas lesbianas construyen familias elegidas que funcionan en lo cotidiano, pero que no existen a ojos de la ley. Y eso, cuando hablamos de permisos, ayudas o derechos laborales, es un inconveniente.

En el mercado laboral, la desigualdad sigue siendo evidente. La tasa de desempleo entre mujeres es más alta que entre hombres, tanto en la población general como dentro del colectivo LGTBI. En 2025, la diferencia dentro del colectivo era de casi seis puntos, mucho más que en la población general. Y la idea del pink money, ese supuesto poder adquisitivo del colectivo LGTBI, no representa en absoluto a las lesbianas. Ese perfil (hombres, urbanos, sin cargas familiares) deja fuera a muchas mujeres que viven una doble brecha: la de género y la de orientación sexual.

Por otro lado, se estima que, alrededor de un 40% de mujeres lesbianas, ocultan su orientación sexual en sus centros de trabajo, teniendo consecuencias fatales: por un lado, el control permanente de la información que se da y se oculta trae consigo, en ocasiones, problemas de ansiedad y estrés, que pueden derivar en problemas en el sistema musculoesquelético. Por otro lado, se produce la que quizá sea la expresión máxima de lgtbifobia en los centros de trabajo y es la renuncia voluntaria a derechos sobradamente consolidados, especialmente los que tienen que ver con la conciliación, como la renuncia al permiso por matrimonio o al permiso por hospitalización del cónyuge.

Este ejercicio de ocultación de produce para evitar ambientes laborales hostiles, en los que las lesbianas pueden ser víctimas, al igual que el resto del colectivo, de violencias verbales y físicas y, concretamente ellas, también pueden sufrir violencias sexuales con carácter correctivo.

Muchas mujeres lesbianas están especialmente expuestas a los vaivenes económicos: trabajos precarizados, más desempleo, más dificultades para promocionar. Aunque algunas parejas de mujeres reparten mejor los cuidados, eso no cambia el problema de fondo: el sistema sigue penalizando a quien cuida, y las mujeres siguen cuidando más.

Mientras las trabajadoras lesbianas sigan enfrentándose a la invisibilidad, la precariedad y la discriminación, no habrá igualdad real en los centros de trabajo.

Desde UGT Servicios Públicos queremos situar la precariedad juvenil como una cuestión central para la democracia, la justicia social y el futuro de la clase trabajadora. No hablamos solo de contratos temporales, salarios bajos o dificultad para emanciparse. Hablamos de un proceso más profundo, que empieza mucho antes de llegar al mercado laboral y que se va construyendo en la educación, la salud, la vivienda, el barrio, la familia, la orientación, las expectativas, la cultura y el acceso real a derechos.

La juventud no es una realidad uniforme. Las personas jóvenes crecen en contextos distintos, con apoyos, recursos, vínculos y barreras muy desiguales. La diversidad forma parte de la sociedad: diversidad de género, origen, capacidades, orientación sexual, identidad, territorio, cultura, trayectorias familiares y condiciones materiales. Lo que fractura esa diversidad no es la diferencia, sino la desigualdad: la clase social, la pobreza, la discriminación, el racismo, el sexismo, la LGTBIfobia, el capacitismo y la ausencia de servicios públicos suficientes.

Situaciones tan básicas como tener una vivienda familiar estable, disponer de un cuarto para estudiar, contar con internet, calefacción, alimentación adecuada, transporte o un entorno seguro condicionan el futuro. En España, el 34,7 % de la población menor de 16 años estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, por encima del total de la población, situado en el 25,8 %. Además, el 35,8 % de los hogares no podía afrontar gastos imprevistos. Estos datos muestran que la precariedad juvenil no nace de la falta de esfuerzo individual, sino de desigualdades materiales que condicionan desde edades tempranas las oportunidades reales.

También existe una brecha de los sueños. No todas las personas jóvenes pueden imaginar el mismo futuro, ni se sienten igualmente legitimadas para aspirar a determinadas profesiones, estudios o posiciones sociales. Los sesgos de género atraviesan todas las clases sociales y siguen orientando expectativas: las mujeres son mayoría en ámbitos vinculados a educación, salud y cuidados, mientras continúan infrarrepresentadas en áreas tecnológicas e industriales. El Ministerio de Educación señala que las mujeres representan el 78,3 % del alumnado en Educación y el 72,8 % en Salud y Servicios Sociales, una concentración que confirma la persistencia de itinerarios marcados por estereotipos. Esta brecha no afecta solo a las mujeres: también limita a los hombres jóvenes cuando determinados modelos de masculinidad desvalorizan el cuidado, la cooperación o el éxito escolar.

Cuando no hay expectativas, es difícil orientar la formación y el trabajo hacia proyectos más ambiciosos. La educación debería actuar como ascensor social, pero ese ascensor se debilita cuando el origen social pesa demasiado. En PISA 2022, el nivel socioeconómico explica en España el 16 % de la diferencia de rendimiento en matemáticas, una cifra similar a la media de la OCDE. Esto significa que el sistema educativo no está compensando suficientemente las desigualdades de partida. Si estudiar no se acompaña de becas, orientación, apoyos, estabilidad, vivienda y empleo digno, la promesa de movilidad social se rompe.

La precariedad también se alimenta de los discursos de odio y de la falta de herramientas para educar en igualdad. El machismo, el racismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia o el rechazo a la discapacidad no son problemas externos al empleo: atraviesan la autoestima, la elección de estudios, la participación social, el acceso a redes, la convivencia en los centros educativos y las oportunidades laborales. Educar en igualdad no es un añadido; es una condición para prevenir precariedad, exclusión y violencia.

Por eso la equidad es fundamental para la democracia y la justicia social. No basta con abrir formalmente las mismas puertas si una parte de la juventud llega con menos recursos, menos seguridad, menos referentes y más discriminación acumulada. La equidad exige intervención pública desde edades tempranas: seguimiento, acompañamiento, orientación, becas, atención social, salud mental, educación inclusiva, vivienda, cultura, deporte, servicios de juventud y servicios de proximidad en los barrios.

Desde una sociedad inclusiva, sabemos que todo está conectado. La calidad de la escuela, la sanidad pública, los servicios sociales, la vivienda, el transporte, los espacios juveniles, la vida comunitaria y la participación sindical van tejiendo trayectorias. Cuando fallan, las brechas se agrandan y un sector de la juventud queda dirigido hacia los puestos más precarios de un mercado donde una minoría concentra poder económico y capacidad de decisión.

Frente a ello, UGT Servicios Públicos defiende servicios públicos fuertes, cercanos y coordinados; educación pública como herramienta de igualdad; servicios de juventud con recursos; formación para la ciudadanía democrática; prevención de los discursos de odio; orientación laboral y educativa; y espacios de participación para que las personas jóvenes no sean tratadas como destinatarias pasivas, sino como protagonistas de la acción sindical y de la transformación social.

La precariedad juvenil no es una frase: es una injusticia social. Combatirla exige empleo digno, pero también equidad, servicios públicos, igualdad de oportunidades y democracia real.

Por todo ello, desde UGT Servicios Públicos presentamos la campaña Trabajos dignos para una juventud con futuro, y así se llama el IMPRESCINDIBLES de mayo de 2026.

Fruto de nuestro análisis y experiencia sindical planteamos 14 propuestas para garantizar los trabajos dignos para una juventud con futuro y se plantean también reivindicaciones para lograr los avances necesarios.

Te invitamos a leer y difundir el IMPRESCINDIBLES de MAYO DE 2026.