UGT-SP conjuga la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos con la protección de sus derechos como ciudadanos.
El fortalecimiento del Estado del bienestar es una prioridad dentro de UGT, tanto como poner en valor todas las actividades profesionales que lo hacen posible. Esta cualidad la define y aleja de los sindicatos corporativos”.
Este mes de abril, desde UGT Servicios Públicos queremos situar en el centro del debate social, sindical e institucional una cuestión decisiva para la vida digna de la clase trabajadora: el derecho efectivo a la vivienda.
Vivimos un tiempo marcado por profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales. El aumento de los precios del alquiler y de la compra, la escasez de vivienda pública, la expansión de la especulación inmobiliaria, la presión turística en numerosas ciudades y territorios, y la insuficiencia de políticas públicas sostenidas están convirtiendo el acceso a la vivienda en uno de los principales factores de exclusión, empobrecimiento e inseguridad vital para amplias capas de la población.
Como organización sindical de clase, feminista e internacionalista, afirmamos con claridad que la vivienda no puede seguir tratándose como un bien de mercado sometido exclusivamente al lucro, a la rentabilidad y a la lógica especulativa. La vivienda es un derecho humano básico y una condición material imprescindible para ejercer otros derechos: el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a los cuidados, a la seguridad, a la autonomía personal y a una vida libre de violencia.
Para UGT Servicios Públicos, hablar de vivienda es hablar también de servicios públicos. No puede haber servicios públicos fuertes, accesibles y de calidad si las trabajadoras y los trabajadores que los sostienen no pueden vivir en condiciones dignas en los territorios donde prestan servicio. No puede haber cohesión social si quienes cuidan, enseñan, curan, acompañan, protegen, atienden o sostienen la administración pública son expulsados de los lugares donde trabajan por los precios abusivos de la vivienda o por la falta de oferta residencial asequible.
Las personas trabajadoras de los servicios públicos conocen de primera mano el impacto de la desigualdad, la precariedad y la desprotección. Lo ven cada día en los centros de salud, en los colegios, en los servicios sociales, en los dispositivos de atención a la violencia de género, en la atención a personas mayores, en emergencias, en justicia, en empleo, en dependencia y en tantos otros espacios esenciales. Pero también lo sufren en su propia vida cotidiana cuando no pueden emanciparse, cuando tienen que destinar una parte desproporcionada de sus salarios al alquiler, cuando se ven obligadas a recorrer largas distancias para acudir a su puesto de trabajo o cuando no pueden aceptar destinos profesionales por no encontrar una vivienda accesible.
En muchos territorios, especialmente en zonas tensionadas, áreas metropolitanas, islas, enclaves turísticos, territorios fronterizos o localidades con fuerte presión del mercado, cada vez resulta más difícil cubrir plazas públicas y consolidar plantillas porque las personas trabajadoras no encuentran alojamiento digno y asequible. Esta realidad afecta a la calidad del servicio que recibe la ciudadanía y repercute directamente en la continuidad asistencial, educativa, social y administrativa. La falta de vivienda asequible no es solo un problema residencial: es ya un problema laboral, de organización de los servicios públicos y de vertebración territorial.
Esta situación golpea con especial dureza a las mujeres. Las desigualdades estructurales del mercado laboral, la segregación ocupacional, la parcialidad no deseada, la temporalidad, la brecha salarial y la sobrecarga de los cuidados limitan más intensamente su autonomía económica y su capacidad real de acceso a la vivienda. Las familias monomarentales, las trabajadoras con salarios bajos, las mujeres jóvenes, las trabajadoras de sectores feminizados y las víctimas de violencia de género se enfrentan a mayores barreras para encontrar una vivienda segura, estable y adecuada. Por eso defendemos que cualquier política de vivienda debe incorporar de manera efectiva una perspectiva feminista.
Del mismo modo, las personas migrantes afrontan mayores riesgos de exclusión residencial, discriminación en el acceso, explotación económica, hacinamiento y desprotección. Desde el sindicalismo de clase defendemos el derecho a migrar de forma segura, con igualdad de derechos laborales y sociales, libertad sindical y acceso real a la protección social. Ninguna persona puede quedar condenada a la infravivienda, a la segregación residencial o al abuso por razón de su origen, situación administrativa o vulnerabilidad económica. La vivienda digna debe formar parte inseparable de una política democrática de acogida, integración e igualdad.
También reclamamos una atención reforzada para las personas en situación de especial vulnerabilidad: mujeres víctimas de violencia machista, infancia, juventud sin apoyo familiar, personas mayores, personas con discapacidad, hogares monomarentales, personas sin hogar, solicitantes de protección internacional y personas trabajadoras empobrecidas. Una sociedad democrática no puede normalizar que quienes más necesitan protección pública tengan más dificultades para acceder a una vivienda segura.
La vivienda no puede seguir tratándose como un negocio mientras miles de personas ven imposible acceder a un hogar digno. Defender el derecho a la vivienda es defender también la igualdad, la cohesión social y unas condiciones de vida justas para la clase trabajadora.
Desde UGT Servicios Públicos reclamamos una acción pública firme: más vivienda pública, control de la especulación y políticas que garanticen que vivir con dignidad no dependa del mercado
UGT Servicios Públicos presenta este 11 de marzo de 2026 la cuarta temporada de Sindicalismo sin barba, un podcast imprescindible que, desde 2024, se ha consolidado como una forma diferente de hacer acción sindical. Un espacio para hablar de sindicalismo, feminismo y derechos laborales y sociales, pero también para hacerlo con humor, ironía y mirada crítica.
El primer programa de esta nueva temporada contará con dos invitadas de excepción: Lola Navarro, vicesecretaria general de UGT, y Gema Santiuste, trabajadora de ayuda a domicilio, compañera de UGT y protagonista del documental Mujeres abriendo caminos. Junto a ellas, abordaremos la agenda del sindicalismo feminista, las estrategias para habitar las organizaciones y los retos que debemos afrontar en el contexto actual.
Además, esta temporada arranca con novedades. Se estrena la sección “Sindicalismo sin canas”, de la mano de Belén Guirao, secretaria general de RUGE, la organización juvenil de UGT. Y regresa también “El Cuñadísimo”, la sección de Mónica Sánchez Lázaro, que vuelve con su habitual mordacidad para poner el foco en por qué se han enfadado tanto algunos hombres blancos.
Sindicalismo sin barba es un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos y, como no podía ser de otra manera, fruto del trabajo colectivo. La dirección corre a cargo de Luz Martínez Ten y Montse Haro Redondo. El Cuñadísimo es una sección realizada por Mónica Sánchez Lázaro. La música, la imagen y las fotografías están al cuidado de Francisco Díez Dones. En la producción participan Haizea Miguela Álvarez y María García Pozo. La grabación se realiza en el estudio de Robin Groove.
Este mes de marzo, desde UGT Servicios Públicos queremos poner en el centro del debate social el papel del sindicalismo feminista para abrir camino en la defensa de los derechos y en la construcción de condiciones laborales y de vida dignas. En consecuencia, el IMPRESCINDIBLES de este mes aborda la realidad de las trabajadoras de los servicios públicos y como el sindicalismo feminista es una herramienta esencial para avanzar en la igualdad efectiva en cada centro de trabajo.
El Boletín Estadístico Anual del personal al servicio de las Administraciones Públicas (BESAP), muestra en los últimos datos publicados en julio 2025, que las mujeres son mayoría, ya que representan el 58,50% de las personas trabajadoras. Tanto a nivel estatal (50,83%) como local (52,31%) los porcentajes se encuentran alrededor del 50%. Es a nivel de autonómico, donde aumenta considerablemente la presencia de mujeres (67,75%), siendo importante destacar que es en este ámbito competencial donde se gestionan sectores como la educación o sanidad, ambos altamente feminizados. Partiendo de esa realidad, en la sección “Nuestra Mirada” hemos querido analizar los principales retos que en materia de igualdad de oportunidades encuentran mujeres y hombres que trabajan en los servicios públicos.
Por su parte, en este número en la “Realidad en cifras” facilitamos datos sobre la segregación vertical y horizontal o la brecha salarial de los sectores de nuestra federación, de cara a identificar las posibles causas y exigir herramientas que nos permitan diseñar, aplicar y evaluar las medidas correctoras y establecer plazos de corrección que garanticen las mismas condiciones y oportunidades para las trabajadoras y trabajadores.
Fruto de nuestro análisis y experiencia sindical planteamos en “Sindicalismo en acción” 8 propuestas integrales para la mejora del empleo de las mujeres que trabajan en los servicios públicos. Sección que tiene en esta ocasión una perspectiva internacional, debido al 8M como Día Internacional de las Mujeres.
Para tener en cuenta, nos hacemos eco de la campaña general del 8M de UGT Servicios Públicos y en “Herramientas” se aborda el documental Mujeres abriendo caminos y en “Próximas acciones” se menciona la inauguración de la 4º Temporada del podcast Sindicalismo sin barba.
Te invitamos a leer y difundir el IMPRESCINDIBLES de MARZO de 2026.
La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha celebrado los días 3, 4 y 5 de marzo las Jornadas Confederales del Área de Mujeres, bajo el lema El futuro de las mujeres y el sindicalismo feminista. Estas jornadas han centrado su contenido en los pasos a seguir para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Las mujeres en el diálogo social y la negociación colectiva, y han tenido lugar en la sede confederal del sindicato. A ella ahn asistido delegados y delegadas de toda España, así como las compañeras y delegadas de Andalucía.
En su inauguración ha intervenido la Ministra de Igualdad del Gobierno de España, Ana Redondo, ha reconocido el avance en materia de igualdad en nuestro país, aunque ha asegurado que tiene una respuesta en forma de “ola reaccionaria”. Una ola “que pretende devolver a las mujeres esencialmente a momentos históricos pasados, al miedo, al silencio, al entorno familiar, al entorno de lo privado y dejar que lo público siga en manos de los de siempre, de los poderosos”.
Se ha celebrado la segunda edición de los Premios Sororidad, con los que el sindicato reconoce la labor de mujeres y entidades que han promovido un vínculo de solidaridad que se basa en el respeto, la comprensión y la empatía entre ellas.
En el acto de clausura han intervenido el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la responsable del Área de Mujeres de UGT, Medea Gracia.
Álvarez ha condenado profundamente los asesinatos por violencia machista que se producen en nuestro país y ha denunciado a quienes no lo hacen: “Los que amparan, los que dan cobertura y los que dan cualquier tipo de justificación a los asesinatos de mujeres en nuestro país son cómplices y merecen todo nuestro reproche político y ético”.
El secretario general de UGT ha recordado que “ni los derechos de la igualdad de las mujeres, ni el feminismo, ni los derechos LGTBI, ni ningún derecho que se conquista se tiene para siempre. Permanentemente hay que estar luchando por ellos”. Y ha realizado un llamamiento colectivo para que el 8 de marzo mujeres y hombres llenemos las calles de nuestro país para defender y reclamar la igualdad real y efectiva.
Por último, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha sumado a la reivindicación de UGT en este 8M para que se reactiven los convenios para que las mujeres tengan capacidad en la negociación colectiva.
Montero ha manifestado que hay que “seguir removiendo los obstáculos de precariedad laboral, de brecha salarial y de incapacidad de promoción en puestos de trabajo que nos afectan, sobre todo, a nosotras. Y eso no lo pueden parar los empresarios”.
Este 8 de marzo, UGT Servicios Públicos publica el manifiesto “Mujeres abriendo caminos en los servicios públicos”, una llamada a reforzar el sindicalismo feminista como herramienta clave para defender derechos y avanzar hacia condiciones laborales y de vida dignas. En un contexto internacional marcado por retrocesos en igualdad y recortes de financiación de servicios esenciales, reivindicamos la necesidad de abrir camino: proteger los derechos humanos, garantizar empleos y salarios justos, combatir todas las violencias contra mujeres y niñas, impulsar planes de igualdad y protocolos contra el acoso, asegurar una migración segura y con derechos, apostar por la paz y fortalecer servicios públicos de calidad como pilar de cohesión social y democracia.
Es un documental explora el papel fundamental que las mujeres realizan en los servicios públicos, visibilizando su compromiso, liderazgo y vocación en sectores esenciales para el bienestar colectivo. A través de testimonios íntimos y escenas cotidianas, Mujeres que abren caminos, revela cómo su trabajo sostiene los cuidados de personas, ciudades y el medio ambiente. Maestras, bomberas, carteras o trabajadoras sociales de ámbitos rurales y urbanos hablan de la labor que realizan día a día, muchas veces en contextos de alta exigencia y escaso reconocimiento. Lejos de los estereotipos, las protagonistas muestran la diversidad de trayectorias, desafíos y aportes que transforman la vida de millones de personas.
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