UGT-SP conjuga la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos con la protección de sus derechos como ciudadanos.
El fortalecimiento del Estado del bienestar es una prioridad dentro de UGT, tanto como poner en valor todas las actividades profesionales que lo hacen posible. Esta cualidad la define y aleja de los sindicatos corporativos”.
UGT Servicios Públicos defiende que la juventud trabajadora tiene derecho a vivir, trabajar, formarse, participar, asociarse y construir futuro con dignidad. Para ello, la organización reclama políticas públicas integrales que combatan la precariedad juvenil y garanticen oportunidades reales en el acceso al empleo, la educación, la vivienda, la salud, la cultura, la participación y los servicios públicos.
Bajo el lema “Trabajos dignos para una juventud con futuro”, UGT Servicios Públicos subraya que la igualdad debe abordarse desde una conciencia amplia de diversidad. No se trata de sumar colectivos de manera aislada, sino de reconocer que las desigualdades se cruzan y generan barreras distintas para las personas jóvenes. Por eso, una respuesta pública justa debe garantizar accesibilidad, trato digno, no discriminación, apoyos adecuados y oportunidades reales.
La organización sindical apuesta por abrir más espacios de participación juvenil dentro del sindicato, escuchar a las personas jóvenes, incorporar sus propuestas y reforzar su presencia en los centros de trabajo, en la acción sindical, en la negociación colectiva y en la defensa de los servicios públicos.
UGT Servicios Públicos advierte de que combatir la precariedad juvenil exige empleo digno, pero también servicios públicos fuertes, cercanos y accesibles. Esto implica reforzar la educación pública, la formación profesional, la universidad, los servicios públicos de empleo, los servicios sociales, la salud mental, la vivienda, el transporte, la cultura, el deporte y los recursos de proximidad.
Entre sus principales reivindicaciones, UGT Servicios Públicos reclama empleo estable para las personas jóvenes, salarios suficientes, derechos laborales plenos y protección frente al abuso de la temporalidad, la parcialidad no deseada y las prácticas fraudulentas. También pide servicios públicos de empleo reforzados, con orientación personalizada, itinerarios de inserción, intermediación pública y acompañamiento específico para jóvenes con mayores dificultades de acceso al empleo.
Asimismo, la organización defiende políticas públicas de vivienda, transporte, cultura, deporte y salud mental que permitan a las personas jóvenes desarrollar proyectos de vida autónomos, saludables y vinculados a su comunidad. También exige una prevención activa frente a toda forma de discriminación, racismo, machismo, LGTBIfobia, capacitismo o exclusión en centros educativos, servicios públicos, espacios juveniles, centros de trabajo y entornos comunitarios.
UGT Servicios Públicos reivindica además el fortalecimiento de las plantillas públicas que trabajan con juventud, educación, empleo, servicios sociales, igualdad, cultura, salud, infancia, adolescencia, vivienda, deporte y atención comunitaria.
La organización considera imprescindible impulsar la participación juvenil en UGT Servicios Públicos a través de la organización juvenil, encargada de escuchar, formar, organizar y acompañar a las personas jóvenes trabajadoras en la defensa de sus derechos.
La juventud no debe ser solo destinataria de políticas o discursos: debe ser protagonista de la organización sindical y de la construcción de derechos.
UGT Servicios Públicos presenta este 13 de mayo de 2026 el tercer episodio de la cuarta temporada de Sindicalismo sin barba, el podcast imprescindible de la organización y una forma diferente de hacer acción sindical.
Desde 2024, en este espacio hablamos de sindicalismo, feminismo, derechos laborales y sociales. Y también nos reímos, porque defender derechos no está reñido con hacerlo desde la inteligencia, la ironía y una mirada propia.
En este nuevo episodio contamos con una invitada de lujo: María González Acosta, historiadora, divulgadora y activista. Con ella conversamos sobre la agenda del sindicalismo feminista, las estrategias para habitar las organizaciones y los retos que debemos afrontar hoy el mundo laboral.
En la sección El Cuñadísimo, Mónica Sánchez Lázaro analiza cómo determinadas prácticas empresariales y de algunas consultoras acaban deteriorando la salud mental, especialmente la de las mujeres, hasta derivar en cuadros de ansiedad y depresión que pueden provocar bajas médicas.Y contamos también con Sindicalismo sin canas, de la mano de Belén Guirao, secretaria general de RUGE, la organización juvenil de UGT.
Sindicalismo sin barba es un podcast imprescindible de UGT Servicios Públicos y, como no podía ser de otra manera, es fruto del trabajo colectivo.
Desde UGT Servicios Públicos queremos situar en el centro del debate social, sindical e institucional una cuestión decisiva para el presente y el futuro de nuestra sociedad: la precariedad juvenil y la necesidad de reforzar los servicios públicos que acompañan, protegen y abren oportunidades a las personas jóvenes.
La juventud no es una realidad uniforme. Está atravesada por distintas condiciones de vida, trayectorias, orígenes, capacidades, identidades, territorios, responsabilidades familiares, situaciones económicas y experiencias de discriminación o desigualdad. Por eso, hablar de juventud exige hacerlo desde una conciencia clara de diversidad y desde el compromiso con la igualdad real de oportunidades.
La precariedad juvenil no puede seguir presentándose como una etapa natural o inevitable. La temporalidad, los salarios insuficientes, la parcialidad no deseada, las prácticas sin derechos, la dificultad para acceder a una vivienda, la falta de orientación, la incertidumbre vital y la debilidad de redes de apoyo están condicionando los proyectos de vida de muchas personas jóvenes. No estamos ante un problema individual, sino ante una desigualdad estructural que requiere respuestas públicas, colectivas y sindicales.
Desde los servicios públicos tenemos una responsabilidad fundamental. La educación, la formación profesional, la universidad, los servicios de empleo, la atención social, la salud mental, la cultura, el deporte, la vivienda, la igualdad, la protección a la infancia y adolescencia, la orientación juvenil y los servicios de proximidad deben actuar de manera coordinada para que ninguna persona joven quede sola ante la precariedad.
Los servicios de juventud deben ser una pieza clave de esa respuesta. No pueden limitarse a actividades puntuales ni depender de recursos insuficientes. Necesitamos casas de juventud, puntos de información juvenil, espacios comunitarios, servicios de orientación, programas de participación, apoyo al asociacionismo y recursos de proximidad en barrios, pueblos y ciudades. Estos espacios son esenciales para crear vínculos, prevenir la exclusión, acompañar procesos de emancipación, fomentar la convivencia democrática y fortalecer la participación social.
También es imprescindible formar para la ciudadanía. Las personas jóvenes tienen derecho a conocer sus derechos laborales, sociales y democráticos; a recibir formación en igualdad, diversidad, derechos humanos, prevención del racismo, cultura de paz, sostenibilidad, memoria democrática, uso crítico de las tecnologías y participación colectiva. Formar ciudadanía es ofrecer herramientas para vivir con autonomía, defender derechos y participar en la transformación social.
La igualdad debe abordarse desde una conciencia amplia de diversidad. No se trata de sumar colectivos de manera aislada, sino de reconocer que las desigualdades se cruzan y producen barreras distintas en el acceso al empleo, la educación, la vivienda, la salud, la participación y los servicios públicos. Una respuesta pública justa debe garantizar accesibilidad, trato digno, no discriminación, apoyos adecuados y oportunidades reales para todas las personas jóvenes.
Desde UGT Servicios Públicos queremos abrir espacios de participación juvenil dentro del sindicato. Queremos escuchar a las personas jóvenes, incorporar sus propuestas, fortalecer su presencia en los centros de trabajo, en la acción sindical, en la negociación colectiva y en la defensa de los servicios públicos. La juventud no debe ser solo destinataria de políticas o discursos: debe ser protagonista de la organización sindical y de la construcción de derechos.
Combatir la precariedad juvenil exige empleo digno, pero también servicios públicos fuertes, cercanos y accesibles. Exige educación, orientación, formación, protección social, salud mental, cultura, vivienda, participación, igualdad y comunidad. Frente a la incertidumbre y la fragmentación, defendemos derechos, organización colectiva y servicios públicos capaces de sostener vidas dignas.
La juventud tiene derecho a trabajar, formarse, participar, asociarse, emanciparse y construir futuro con dignidad. Y desde UGT Servicios Públicos afirmamos que ese futuro solo será posible con igualdad real, servicios públicos fuertes y participación juvenil organizada.
Desde 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) empezó a celebrar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En esta cita anual, que tiene lugar cada 28 de abril, se pretende promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo.
Este es un día especial para recordar a todas las personas trabajadoras que han sufrido algún percance durante el ejercicio de su trabajo y exigir a las distintas administraciones que realicen medidas efectivas para solucionar este problema.
ACCIDENTES DE TRABAJO
Según los datos estadísticos de avance correspondientes al periodo de enero-febrero de 2026, facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se produjeron 167.487 accidentes de trabajo, de los que 91.383 causaron baja laboral de la persona trabajadora (lo que supone un leve descenso del -0,6% y 76.104 accidentes de trabajo que no causaron baja.
De estos accidentes, desafortunadamente, 104 fueron accidentes mortales, registrando un aumento de 6 fallecimientos más que durante el mismo periodo de tiempo del 2025.
La principal causa de los accidentes laborales con baja son los golpes contra objetos inmóviles, con 23.346 accidentes de trabajo, seguidos de los sobreesfuerzos físicos sobre el sistema musculo esquelético con 20.380 accidentes.
A lo largo del mes de febrero se produjeron 13.720 accidentes con baja in itinere, de los que 131 accidentes fueron graves y 13 accidentes fueron mortales.
El 70% de los accidentes en jornada con baja los sufrieron los hombres, mientras que el 30% afectaron a mujeres. Sin embargo, en los accidentes in itinere el 57% lo sufrieron las mujeres y el 43% restante los varones.
ENFERMEDADES PROFESIONALES
Desde el Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social se han publicado los datos estadísticos de avance referentes a enfermedades profesionales (CEPROSS) y patologías no traumáticas (PANOTRATSS) hasta marzo de 2026.
Se han declarado un total de 9.042 enfermedades profesionales, lo que supone un aumento del 7,76% respecto al mismo periodo de 2025.
Del total de las enfermedades profesionales declaradas, 3.701 han causado la baja del trabajador (+13,04% en comparación con los mismos meses de 2025), y 5.341 no implicaron baja laboral (4,38%).
Las mujeres declaran el 56% de las enfermedades profesionales (5.071), mientras que los hombres relatan el 44% (3.971). Hay que tener en cuenta la menor presencia de mujeres en el mercado laboral, lo que aumenta el porcentaje relativo de afectación de estas patologías.
Las patologías más frecuentes son: Tendinitis hombro/coco/muñeca, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias crónicas por movilización de pacientes, dermatitis por productos sanitarios.
Entre las causas estructurales estarían: Sobrecarga asistencial, turnos rotatorios, plantillas ajustadas, movimientos repetitivos y manipulación de cargas humanas.
REIVINDICACIONES
Desde UGT Servicios Públicos llevamos tiempo reivindicando la modificación de la ley de prevención de riesgos laborales, necesaria para adaptar dicha ley a las nuevas realidades del mundo del trabajo, fuertemente influido por las transiciones demográfica, climática y digital, pues, a la luz de las cifras de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, urge acordar medidas específicas y significativas que frenen esta la lacra. De hecho, hemos jugado un papel fundamental en las aportaciones al borrador de esta ley.
Aprovechando esta fecha conmemorativa tan señalada que celebramos hoy, El Gobierno español tiene previsto aprobar el anteproyecto de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el Consejo de Ministros que se celebrará hoy, 28 de abril de 2026, marcando la primera gran reforma en 30 años. El borrador, abierto a audiencia pública hasta abril de 2026, busca modernizar la norma vigente desde 1995, con una entrada en vigor prevista para el 2 de enero de 2027.
En la actualización de esta Ley estará la incorporación de la perspectiva de género y de edad, la protección de la seguridad y salud frente a los riesgos climáticos, así como de aquellos derivados de la digitalización del mundo del trabajo como, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras. Igualmente, se debe reforzar la protección de la salud mental de la clase trabajadora, que actualmente se encuentra muy mermada.
Además de esta actualización normativa, desde nuestra organización reclamamos un aumento de recursos humanos y materiales para la Inspección de Trabajo, con el objetivo de potenciar el control del cumplimiento de las normas en materia preventiva. Hasta que esto se lleve a cabo, proponemos que se analicen fórmulas alternativas como, por ejemplo, que se habilite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como “auxiliares o colaboradores” de la Inspección de Trabajo en el cumplimiento preventivo, cuando se constante situaciones constitutivas de infracciones graves o muy graves.
Por último, reivindicamos la creación de una figura similar a la del Delegado/a Territorial de Prevención de Riesgos Laborales a nivel estatal, ya que es una realidad que los centros de trabajo sindicalizados son centros más seguros. La creación de esta figura ayudaría a mejorar la PRL en las PYMES de nuestro país que no tiene representación sindical. En paralelo, proponemos que se reconozca crédito horario para los delegados y delegadas de prevención.
Aprovechando la conmemoración del Día Mundial para la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra hoy, 28 de abril, desde UGT-SP continuamos reivindicando soluciones para acabar con la siniestralidad laboral de manera urgente y visibilizar las EEPP, España registra un número considerable de estas enfermedades, pero la cifra real seguramente es mucho mayor y el sector público soporta una parte importante y poco visible del problema, especialmente en sanidad, educación y servicios sociales.
Desde UGT-SP esperamos que este 2026, declarado como Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se lleven a cabo medidas reales y eficaces que y protejan la seguridad y la vida de las personas trabajadoras.
La vivienda: el nuevo frente de la acción sindical
En este número analizamos cómo la vivienda se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales de nuestro tiempo y, por tanto, en un eje central de la acción sindical. El acceso y mantenimiento de un hogar adecuado ya no es solo una cuestión individual, sino un problema estructural que condiciona de forma directa las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores.
Los datos disponibles muestran una realidad preocupante: una amplia mayoría de la población percibe la situación de la vivienda como negativa. Este malestar social se traduce en experiencias concretas de inseguridad residencial. De hecho, una parte significativa de las personas ha sentido en algún momento miedo a perder su vivienda por no poder afrontar los pagos. No se trata de un fenómeno puntual, sino de una vulnerabilidad persistente que atraviesa a la clase trabajadora incluso en contextos de aparente estabilidad.
El mercado del alquiler concentra las situaciones más críticas. Un número elevado de inquilinas e inquilinos destina más del 40% de su salario a la vivienda, superando los niveles considerados sostenibles. Esta presión económica es, en general, mayor que la que soportan quienes tienen hipoteca, lo que sitúa a las personas que viven de alquiler en una posición de mayor fragilidad. Además, el coste real de la vivienda suele ser aún más alto, ya que muchos contratos no incluyen suministros básicos, incrementando el esfuerzo económico mensual.
A esta situación se suma una percepción generalizada de desprotección. La mayoría de quienes viven de alquiler consideran que la normativa actual no garantiza suficientemente sus derechos y reclaman un mayor equilibrio en la regulación. Esta demanda expresa la necesidad de reforzar el papel de lo público en un ámbito que afecta directamente a la dignidad y la seguridad de las personas.
La perspectiva de género revela, además, desigualdades específicas. Las mujeres están más presentes en el alquiler y soportan mayores niveles de sobreesfuerzo económico, especialmente en los tramos más elevados de gasto en vivienda. Esta realidad está estrechamente vinculada a factores estructurales como la brecha salarial o la mayor precariedad laboral, lo que sitúa a muchas mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad residencial.
Frente a este escenario, emerge con claridad una orientación compartida: es necesario fortalecer las políticas públicas de vivienda. Entre las medidas más demandadas destacan el incremento de la vivienda protegida con carácter permanente, el desarrollo de un parque público de alquiler y la regulación de precios en zonas tensionadas. Estas propuestas no solo buscan ampliar la oferta, sino garantizar que el acceso a la vivienda se produzca en condiciones asequibles y estables.
En este contexto, la vivienda se configura como un elemento central de la acción sindical. No puede entenderse al margen del empleo, de los salarios o de la negociación colectiva. El encarecimiento del acceso a un hogar está erosionando las mejoras laborales conseguidas y generando nuevas formas de desigualdad.
La vivienda es, en definitiva, un derecho básico que condiciona el ejercicio de otros derechos fundamentales. Garantizar su acceso en condiciones dignas no es solo una cuestión social, sino un objetivo político y sindical de primer orden. Porque sin vivienda, no hay igualdad real.
Por todo ello, desde UGT Servicios Públicos presentamos la campaña La vivienda es un derecho, no un negocio, y así se llama el IMPRESCINDIBLES de Abril de 2026.
Fruto de nuestro análisis y experiencia sindical planteamos 8 propuestas para garantizar el derecho efectivo a la vivienda y se plantean también reivindicaciones para lograr los avances necesarios.
Te invitamos a leer y difundir el IMPRESCINDIBLES de ABRIL DE 2026.
En el día ayer más de 50 delegados y delegadas de los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Huelva se han dado cita en las jornadas de negociación colectiva : carrera profesional y evaluación del desempeño y municipalismo que se han celebraron en la localidad de Almonte.
La carrera profesional y la evaluación del desempeño, pronto tendrá que estar en todos los Convenios Colectivos de las administraciones locales . Nuestro sindicato está apostando por la formación de nuestros delegados y delegadas en los centros de trabajo para que podamos negociar las mejores condiciones para el personal empleado público.
Ya está en el aire el segundo episodio de la cuarta temporada de Sindicalismo sin barba, el podcast feminista de UGT Servicios Públicos. En esta nueva entrega hablamos con Andrea Jarabo, responsable de comunicación de Provivienda, para abordar uno de los grandes problemas sociales de nuestro tiempo: el acceso a la vivienda.
Este episodio forma parte de la campaña de abril de UGT Servicios Públicos, “La vivienda no es un negocio, la vivienda es un derecho”, con la que la organización quiere situar en el centro del debate público la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.
A lo largo de la conversación abordamos la crisis habitacional, la presión del alquiler y los retos que hoy plantea defender la vivienda como un derecho vinculado a unas condiciones de vida dignas para la clase trabajadora.
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