UGT Servicios Públicos Andalucía valora este avance histórico, pero exige que la inversión se traduzca en mejoras reales, más personal y el fin de las listas de espera, al tiempo que critica la abstención del Partido Popular.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma de la Ley de Dependencia, una medida que incluye una aportación financiera extraordinaria que supera los 2.200 millones de euros. La votación, que tuvo lugar el pasado 14 de julio, salió adelante con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones.

Desde UGT Servicios Públicos Andalucía – Dependencia han valorado positivamente este acuerdo, calificándolo como un avance fundamental para fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Sin embargo, la organización sindical advierte que el verdadero desafío comienza ahora: lograr que esta inversión multimillonaria llegue de verdad a los centros, a las personas trabajadoras y a los usuarios.

El sindicato ha presentado una lista clara de exigencias para garantizar que la reforma se convierta en "mejoras reales". Entre sus principales reivindicaciones destacan la ampliación de los servicios profesionales mediante la contratación de más personal para lograr unas "plantillas suficientes". Consideran que solo así se podrá ofrecer una atención de calidad centrada en las personas y lograr una reducción real y ágil de las listas de espera. Asimismo, reclaman mejores condiciones laborales para el sector, defendiendo un empleo estable, salarios dignos y el justo reconocimiento al trabajo diario de las cuidadoras y cuidadores.

Críticas a la postura del PP y rechazo al modelo de cuidado familiar

En el ámbito político, UGT ha lamentado públicamente la postura adoptada por el Partido Popular durante el pleno. El sindicato subraya que, con su abstención, la formación conservadora "no ha apoyado esta reforma que mejorará la vida de miles de personas".

Por otro lado, la organización sindical ha querido dejar clara su posición frente a las políticas de cuidados, lanzando un contundente "no al cuidado familiar como alternativa barata". Argumentan que este modelo perpetúa la precariedad al trasladar la responsabilidad casi en exclusiva a las familias —y especialmente a las mujeres—, mantiene miles de cuidados fuera del sistema profesional y dificulta el acceso a derechos laborales básicos y a una pensión digna en el futuro.

Para UGT, la prioridad debe ser un sistema basado en la profesionalización y el empleo digno. En este sentido, exigen mecanismos para asegurar que el dinero público financie directamente la mejora del servicio y llegue a las personas que atienden cada día, evitando que los fondos terminen engrosando "márgenes empresariales" o se pierdan en contratos públicos desactualizados.

La postura del sindicato se resume en un mensaje claro de cara a la implementación de esta nueva ley: "Cuidar mejor exige invertir en quienes cuidan".