La falta de plazas públicas hace que las familias tengan que realizar un gran esfuerzo económico

Desde el sector de enseñanza de UGT Servicios Públicos de Andalucía denunciamos la situación en la que se encuentra la Formación Profesional en nuestra comunidad autónoma y, para ello, detallamos a continuación una serie de cuestiones sobre las que la Administración debe intervenir de manera urgente.

1. Es muy preocupante el crecimiento del número de autorizaciones por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo a centros privados que imparten ciclos formativos. Debemos oponernos frontalmente al desmantelamiento de la educación pública. Esto acarrea unas graves consecuencias, pues solo pueden acceder a la privada quienes cuenten con más poder adquisitivo, siendo un gran esfuerzo para las familias con menos recursos económicos. Se está provocando una gran brecha en el alumnado, donde la educación ya no es un ascensor social y perpetúa la desigualdad. Además, la privatización de centros educativos también ocasiona una merma en los recursos públicos, pues la fiscalización, control y supervisión de estos, según la Ley, ha de hacerla la propia Administración desde los centros públicos a los que están adscritos. Denunciamos la falta de personal administrativo para realizar estas labores, así como de Inspectores e Inspectoras. También esto crea un agravio comparativo en los expedientes académicos del alumnado de la pública y la privada, en esta última cuentan con calificaciones más altas que luego condicionan el acceso a los Grados universitarios.

2. Es necesario que se agilice el desarrollo normativo pendiente en nuestra comunidad autónoma, derivado de la nueva Ley de Formación Profesional. Una falta de concreción en el marco reglamentario causa indefensión a las personas afectadas. Entre ellas, es prioritario la publicación de la Orden de Oferta Modular y el avance en las Órdenes de los currículos correspondientes a los diferentes títulos. En este sentido, hace falta un apartado para la orientación profesional, pilar fundamental en la nueva Ley de FP. La orientación profesional ha de tener un marco propio para facilitar su implantación en los centros educativos. Consideramos que en el Decreto 147/2025, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de los Grados D y E del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, le dedica poco espacio.

3. Es fundamental contar con una mayor formación práctica para el profesorado de FP en sectores clave, como por ejemplo en software específicos para las distintas familias profesionales. Si queremos que el alumnado cuente con las competencias necesarias derivadas de los cambios tecnológicos que se producen en el mercado de trabajo, el primero que ha de estar actualizado es el profesorado. En muchas ocasiones tienen que costearse los propios docentes esta formación y realizarla fuera del horario laboral. Denunciamos que el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado está obsoleto, regulado por una Orden de 2014. La adaptación a los requerimientos del mercado laboral requiere una actualización continua.

4. Es prioritario que la oferta formativa en CDD (Competencia Digital Docente) sea suficiente y amplia para que los docentes puedan acreditar las competencias digitales. Esta formación en el futuro seguramente será obligatoria para el profesorado. Hasta el momento es voluntaria, aunque ya se tiene en cuenta, puntuando en el concurso de traslado. Solicitamos que haya una convocatoria abierta permanentemente tanto para la certificación como para la acreditación.

5. Le venimos reclamando a la Consejería que nos proporcionen información sobre la oferta formativa de pública y privada en formación profesional, datos referidos al alumnado matriculado, creación de ciclos formativos, alumnado que entra en su primera opción. Hasta la fecha no contamos con esa información, así que seguiremos insistiendo. Es muy importante que contemos con estos datos para ejercer nuestro derecho a la acción sindical en condiciones óptimas.

6. Denunciamos que la Administración no cumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No se están respetando los mínimos en materia de salud laboral. No se hacen los reconocimientos médicos al inicio de la actividad, no se ofrece la formación básica sobre los riesgos profesionales, solo cuando se ha superado el proceso de oposiciones. Por tanto, el personal funcionario interino nunca cuenta con dicha formación. Lo que la Administración le exige a la empresa privada, no lo está cumpliendo ella misma como empleadora.

7. Las condiciones laborales del profesorado de Formación Profesional son cada vez más precarias. A las ratios sobrepasadas, el elevado número de horas lectivas, la carga burocrática o los desplazamientos en el vehículo propio que deben hacer, se le suma la cantidad de tareas que se derivan de realizar la coordinación y tutorización de la fase de formación en empresas en el nuevo modelo Dual, donde no se cuenta con las horas suficientes para ello. El tiempo que el alumnado debe pasar en la empresa, la dificultad para encontrarlas porque los centros privados están copando cada vez más las plazas para realizar la parte práctica o la dispersión de las mismas, obstaculizan la labor docente.

UGT seguirá reivindicando las mejoras para el profesorado y la educación pública en las diferentes Mesas de Negociación, y manteniendo una interlocución directa con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para trasladarle las necesidades de este sector.