UGT-SP conjuga la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos con la protección de sus derechos como ciudadanos.
El fortalecimiento del Estado del bienestar es una prioridad dentro de UGT, tanto como poner en valor todas las actividades profesionales que lo hacen posible. Esta cualidad la define y aleja de los sindicatos corporativos”.
La regulación de la profesión docente debe permitir modernizar y adaptar dicha profesión a las necesidades de la escuela del siglo XXI.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha convocado la Mesa de Personal Docente no Universitario para tratar la constitución de los Grupos de Trabajo en relación con la profesión docente y la elaboración de un calendario de trabajo.
Desde el Sector de Enseñanza de UGT-Servicios Públicos se ha exigido al Ministerio , entre otros asuntos, trabajar en líneas prioritarias como la reducción, con carácter básico, de las horas lectivas del profesorado no universitario, la modificación de la Ley 4/2019, para obligar a todas las Administraciones educativas a revertir los recortes de 2010, la reducción de las ratios del alumnado asignado al profesorado que favorezca una atención personalizada acorde a las necesidades del alumnado, la disminución del número de alumnado que atiende cada docente priorizando aquellos contextos en los que la labor docente se realiza en situaciones más difíciles, la equiparación mediante complemento retributivo al Profesorado Técnicos de FP y al Profesorado Especialista en Sectores Singulares, la simplificación y reducción de la burocracia.
Además, la fuerza sindical de nuestra organización y nuestro sector de enseñanza de UGT-Servicios Públicos ha conseguido la incorporación en la negociación otros temas fundamentales para trabajar de cara a un futuro estatuto docente, como son, la incorporación al subgrupo A1 para todo el profesorado que imparte docencia en los niveles no universitarios, la jubilación anticipada, la integración de nuevos perfiles profesionales y la salud laboral del profesorado para el reconocimiento de los riesgos psicosociales de cara a cuidar la salud mental del profesorado y mejorar la calidad de la enseñanza.
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