UGT-SP conjuga la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos con la protección de sus derechos como ciudadanos.
El fortalecimiento del Estado del bienestar es una prioridad dentro de UGT, tanto como poner en valor todas las actividades profesionales que lo hacen posible. Esta cualidad la define y aleja de los sindicatos corporativos”.
Los sindicatos exigen recuperar el poder adquisitivo que han perdido desde 2012.
Esta semana, Función Pública y sindicatos vuelven a reunirse para avanzar en un nuevo Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Esta vez, con el objetivo de trabajar para descongelar el salario de los funcionarios, que se paralizó el 31 de diciembre de 2024, cuando se puso fin al último acuerdo al que habían llegado UGT, CCOO y Función Pública en 2022 y que contemplaba subidas salariales para los años 2022, 2023 y 2024. Así, se espera que este miércoles, la cartera que dirige Óscar López, arroje los porcentajes para trabajar en una subida que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo, y otro adicional para trabajar en la recuperación del poder de compra que los trabajadores públicos vienen perdiendo desde el año 2012, con los recortes que disminuyeron el salario de los funcionarios entre un 5% y un 10%.
Tras un año en el que los representantes mayoritarios de los funcionarios (Csif, UGT y CCOO) reclamaban una reunión a Función Pública para abordar este tema, a apenas un mes y medio para que finalice el año y tras una amenaza de huelga general el próximo mes de diciembre, el ministerio ha dado el primer paso para acordar la subida para los próximos tres años, y la correspondiente para 2025 –que deberá aplicarse con efecto retroactivo desde enero–
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