El mutualismo ha estado prestando servicio sanitario a los empleados públicos desde hace más de 50 años. Lo ha hecho con un éxito de acogida por los funcionarios más que elevado, al ser de forma permanente su preferencia clara cuando deciden entre la cobertura asistencial del sistema público o del privado.
Sin embargo, hoy la viabilidad del modelo se encuentra seriamente comprometida por su infrafinanciación, en el marco de una crisis asistencial que arrastra el sistema público de salud, y amenazado por una visión política que no se ve alentada por la eficiencia en gobernanza sanitaria, sino por una ideología que busca su supresión, obviando que, en realidad, el modelo mutualista apoyado en la sanidad privada sirve de sostén y alivio de la pública.
La consecuencia del posible fin del mutualismo administrativo – tal y como se denomina- supondría, de forma adicional a la situación actual crítica de la sanidad pública, un verdadero desastre en el sistema nacional de salud a tenor de los datos de un informe académico realizado por la Universidad Complutense de Madrid. Esta investigación, con un riguroso desarrollo y con ánimo analítico y divulgativo, arroja las consecuencias que tendría sobre el sistema público: un aumento del 266% en las lista de espera para las consultas externas, de un 115% para una intervención quirúrgica y un impacto de más de 1000 millones de euros anuales adicionales. Son, desde luego, señales de alarma a considerar para la toma la decisión clave en este momento: reforzar o dejar morir el modelo mutualista.
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