UGT-SP conjuga la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos con la protección de sus derechos como ciudadanos.
El fortalecimiento del Estado del bienestar es una prioridad dentro de UGT, tanto como poner en valor todas las actividades profesionales que lo hacen posible. Esta cualidad la define y aleja de los sindicatos corporativos”.
El pacto con CSIF y UGT contempla mejoras retributivas para unos 12.000 trabajadores de las comunidades que no tienen transferidas las competencias, mientras el resto de sindicatos reclaman incluir a los que dependen de las autonomías.
El Ministerio de Justicia ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para subir el salario hasta 250 euros al mes en 2025 a los funcionarios judiciales que trabajan en los órganos centrales y las comunidades que no tienen transferida la gestión de la Justicia. Esto es, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, así como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía, los juzgados centrales, el Registro Civil y el Instituto Nacional de Toxicología.
El incremento salarial afectará a unos 12.000 empleados públicos, según los cálculos del sindicato CSIF, que ha suscrito este acuerdo con el departamento que dirige Félix Bolaños. También lo ha firmado UGT. La subida no afectará, por tanto, al total de 45.000 funcionarios que ejercen en las oficinas judiciales de todo el país, lo que ha llevado a otras organizaciones como CCOO a no firmar lo que califican como “esperpento”.
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