Si no hay una solución antes del 31 de enero, todos pasarán a disposición de los servicios autonómicos.
Hace unos días, el ministro Óscar López quiso transmitir un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la Mutualidad de funcionarios civiles del Estado (Muface). Como siempre que se transmite un mensaje de tipo, hay razones objetivas para no estar muy tranquilo, incluso aunque uno no sea funcionario. Muface se creó en 1975 y, entre otras funciones menores, presta asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios civiles del Estado. Los funcionarios pueden, mejor dicho, podemos elegir entre recibir esta asistencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir del correspondiente servicio autonómico de salud (como, por cierto, es mi caso) o bien elegir una entidad aseguradora, de las tres que actualmente prestan el servicio. La razón de la crisis, y de la intranquilidad es bastante evidente: el actual concierto entre el Estado y las aseguradoras concluye el 31 de enero próximo, y el nuevo contrato convocado quedó desierto. Ninguna entidad aseguradora se quiso presentar.
Según los datos de 2023, entre titulares y beneficiarios hay 1.537.701 personas cubiertas por la mutualidad, de las que optamos por la sanidad pública, 457.307. Esto quiere decir que más de un millón de personas pasarían forzosamente a recibir la asistencia sanitaria de los correspondientes servicios autonómicos, sino hay un nuevo contrato público con alguna aseguradora sanitaria antes del 31 de enero. Es cierto que la ley de contratos del sector público prevé una prórroga forzosa de hasta nueve meses, pero esto sólo irá agravando los problemas, que ya existen. Porque la razón fundamental por la que el contrato ha quedado desierto es que a ninguna aseguradora la prima ofertada le ha parecido suficiente, aunque se ofertaba un aumento de la prima del 14% el primer año. Si el contrato se prorroga con la misma prima, y las aseguradoras no tienen ningún incentivo en continuar con sus clientes, lo previsible es que las aseguradoras intenten evitar costes posponiendo visitas, operaciones... Por otra parte, el periodo en el que los mutualistas eligen entidad es el mes de enero. Ante el riesgo de no tener una cobertura sanitaria real y efectiva, es bastante probable que muchos mutualistas empiecen a demandar el traslado al servicio autonómico correspondiente en las próximas semanas.
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