UGT-SP conjuga la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos con la protección de sus derechos como ciudadanos.
El fortalecimiento del Estado del bienestar es una prioridad dentro de UGT, tanto como poner en valor todas las actividades profesionales que lo hacen posible. Esta cualidad la define y aleja de los sindicatos corporativos”.
Si la Administración no logra un acuerdo y el modelo no se renueva, habría un trasvase de hasta 1,68 millones de asegurados a la sanidad pública.
Continúa la batalla por mejorar la sanidad concertada de los funcionarios. Muface sigue sin lograr un acuerdo, a pesar de ya encara la recta final para la firma del convenio de 2025-2026. Su propuesta para aumentar un 12,5% las primas que cobran las aseguradoras privadas que prestan asistencia sanitaria a los funcionarios civiles del Estado no convence. Las tres entidades que prestan el servicio (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV) acumulan ya tres años de pérdidas. Aseguran que la dotación económica de la mutualidad es escasa, no se ajusta a los costes reales del sistema sanitario y esto complica la atención a un segmento de población cada vez más envejecido.
En medio de este panorama, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) —constituido por las principales empresas del sector sanitario de España— publica hoy un informe en el que alerta que la «infrafinanciación histórica del modelo» no encaja con el «aumento de la presión asistencial». La principal conclusión de su análisis es que, si el modelo no se renueva tras un acuerdo entre las partes (Gobierno, mutua y aseguradoras), las comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas asistirían a «una situación de absoluto colapso» sanitario. Por eso, IDIS insta a la Administración a adaptar la prima que cobran las aseguradoras para garantizar la solvencia del modelo.
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