Los mutualistas con pareja e hijos a cargo tendrían que pagar más de 1.000 euros extra al año si quieren un seguro privado.
Las mutualidades de funcionarios viven tiempos de zozobra. El concurso para dar atención médica a los 1,49 millones de beneficiarios de Muface (profesores, policías, inspectores de Trabajo...) quedó desierto la semana pasada. Era la primera vez que ocurría en sus 50 años de existencia. Mientras el Gobierno prepara una nueva licitación exprés para tratar de seducir a las aseguradoras con una mejora económica, los empleados públicos ya empiezan a echar cuentas. ¿Qué pasa si al final no hay un nuevo convenio? ¿Cuánto más tendrían que pagar de su bolsillo por tener un seguro privado?
Con el actual modelo de Muface, los servidores públicos adscritos (que en un 66% son profesores de primaria, secundaria y universidad) tienen que pagar una cuota anual a la mutualidad en función de su categoría. El importe que se les retiene en la nómina va de los 294 euros para los que están en el grupo E, a los 732 euros del grupo A1, el máximo escalafón en la función pública. Por término medio, su contribución es de 478 euros al año.
A cambio de las aportaciones a la mutualidad, Muface se compromete a dar una prestación médica a los mutualistas (que pueden estar en activo o jubilados) y a sus familiares. Cada año, el funcionario decide si quiere ser atendido en la sanidad pública o a través de una de las aseguradoras que se presentan al concierto. Este año, un 28% escogió sanidad pública. El resto optó por ser atendido por los médicos de Adeslas, Asisa o DKV, las tres aseguradoras presentes en el actual convenio 2021-2024.
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