UGT-SP conjuga la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios públicos con la protección de sus derechos como ciudadanos.
El fortalecimiento del Estado del bienestar es una prioridad dentro de UGT, tanto como poner en valor todas las actividades profesionales que lo hacen posible. Esta cualidad la define y aleja de los sindicatos corporativos”.
Es una norma muy general, en la que muchos apartados deberán desarrollarse mediante reglamentos en el futuro. El texto gusta a UGT y CCOO, pero CSIF lo rechaza al verlo "deficiente, peligroso y sin concreción".
El Gobierno ha vuelto a poner en marcha el anteproyecto de ley de función pública un año después de que la convocatoria de elecciones diera al traste con su tramitación. Se trata de una norma clave para el medio millón de empleados del sector público estatal, dado que está llamada a regular cuestiones fundamentales como el teletrabajo; la evaluación del desempeño de los funcionarios; la carrera profesional; el régimen de sanciones o los sistemas de selección.
El pasado martes, el Consejo de Ministros le dio el visto bueno al anteproyecto sin apenas cambios respecto a la versión que decayó hace un año. De prosperar su tramitación parlamentaria, se convertirá en la primera ley de función pública que afecta a la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas ya cuentan con su normativa propia que afecta a los trabajadores del sector regional de la administración.
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